Las reivindicaciones de Cáritas al G8

Ayuda al desarrollo, lucha contra el cambio climático y seguridad alimentaria

Con motivo de la Cumbre del G8, que se clausura el próximo viernes en la localidad italiana de L'Aquila, Cáritas Internationalis (una red internacional formada por 164 Cáritas nacionales de todo el mundo, entre ellas Cáritas Española), ha difundido un documento en el que insta a los líderes del citado Grupo a demostrar su voluntad política de dar repuesta a una agenda de temas globales que demandan soluciones urgentes.
Entre estas cuestiones, Cáritas Internationalis identifica en su documento cuestiones de la máxima prioridad como son la ayuda al desarrollo, la participación de la sociedad civil, el azote del VIH/Sida, el cambio climático o la seguridad alimentaria.
Este es un amplio extracto del citado documento que se publica bajo el título Información de Cáritas Internationalis sobre el G8-2009 y que fue elaborado en nombre de Cáritas Internationalis por Cáritas Inglaterra y Gales (CAFOD) con contribuciones de los miembros de Cáritas de otros países del G8. El texto íntegro se encuentra disponible en www.caritas.org.
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El G8 se reúne en Italia del 8-10 de julio, en un año crítico para el desarrollo internacional. La crisis económica mundial está amenazando los logros conseguidos en la reducción de la pobreza, en los últimos diez años y ha exacerbado las repercusiones de la crisis del precio de los alimentos en los países en vías de desarrollo. Además, podría decirse que las más importantes negociaciones multilaterales que hayan tenido lugar nunca -las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- deben culminar en Copenhague, a finales de año.
Durante muchos años, Cáritas ha manifestado sus dudas sobre la responsabilidad y legitimidad del G8. Ahora, con la consolidación del G20 y el Foro de las Economías Principales (MEF, Major Economies Forum) como principales tribunas para que los líderes de los países más poderosos examinen la crisis económica mundial y el cambio climático respectivamente, el G8 se ha visto desafiado a demostrar su relevancia.
La ayuda
La asistencia al desarrollo sigue siendo un tema sobre el que cada una de las naciones donantes del G7 (G8 excluyendo a Rusia) formuló promesas bien claras, en el lejano 2005. Pero, sobre todo a causa del declive económico, algunos países del G8 no han respetado sus compromisos, concretamente Italia y Francia. Los Estados miembros de la UE, que forman parte del G8 (Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) acordaron alcanzar el objetivo mínimo por país del 0,51 por ciento del PIB para 2010. Las naciones no europeas también hicieron sus promesas, pero sustancialmente inferiores que las de la UE.
La sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no puedan participar realmente en el seguimiento o en el diálogo político sobre el desarrollo, si no se les concede el espacio político necesario para ello. Nos preocupan las crecientes restricciones para las OSC en algunos países en vías de desarrollo, a veces a través de legislaciones o reglamentos restrictivos.
--Los gobiernos del G8 deben hacer todo lo posible para asegurar que sea garantizado a las OSC un espacio político que les consienta desempeñar las funciones encomendadas por la Agenda de Acción de Accra.
--Los gobiernos del G8 deben asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentos nacionales estén realmente representados en los organismos creados para el seguimiento de la eficacia de la ayuda, como prometido en la Agenda de Acción de Accra.
El VIH y el SIDA
Comprendemos que el G8 tiene previsto reiterar el compromiso de facilitar, para el 2012, 60 mil millones de dólares para combatir enfermedades contagiosas y reforzar los sistemas de asistencia médica. Este compromiso, hecho en la cumbre de Toyako Hokkaido, en 2008, fue criticado como inadecuado entonces, considerando que sólo para el VIH y el SIDA1 ya se necesitaban 65 mil millones de USD. También nos preocupa que concentrándonos en reforzar los sistemas de asistencia médica, podríamos quitar la prioridad al VIH. Además, ubicando el VIH exclusivamente en el sector de la salud, limitamos las posibilidades de abordar los factores sociales y económicos que repercuten en el VIH y el SIDA, reduciendo la vulnerabilidad del virus. El número de contagios con el VIH y la necesidad de intensificar las intervenciones se explican cada vez mejor en el contexto de la crisis económica, incrementado y evidenciando la necesidad de más recursos de todos los sectores sociales.
--Todos los países del G8 deben reiterar sus compromisos, un poco diluidos en Toyako/Hokkaido, de facilitar acceso universal a la asistencia, tratamiento y prevención del VIH, para el 2010, con planes definidos y plazos de realización, así como un sistema de seguimiento por sectores, para seguir el cumplimiento de este compromiso.
La corrupción
Cáritas recibe de buen grado la adopción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) que ahora ha sido ratificada o aceptada por 136 estados miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, Alemania, Italia y Japón, países del G8, no han ratificado el tratado y, por ello, se les exhorta para que lo hagan cuanto antes. Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, Cáritas cree que sin un mecanismo eficaz de revisión, la CNUCC será considerada como un buen tratado, pero sin dientes. Como la corrupción es un asunto extremadamente delicado, las organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito, deben sentirse libres de llevar a cabo sus actividades, sin intimidaciones, ni acosos.
Los gobiernos del G8 deben indicar su pleno apoyo a la CNUCC y su compromiso para asegurar que sean realizados ahora los trabajos preparatorios necesarios, con el fin de que sean adoptados en la Conferencia de Estados Parte, de Doha en noviembre.
Sector privado
Cáritas es de la opinión de que un sector dinámico y privado es necesario para el desarrollo, pero también de que se necesitan marcos reguladores para salvaguardar los intereses de los países en desarrollo y sus ciudadanos. Existen demasiados casos bien documentados de prácticas depredadoras y perjudiciales de parte de empresas internacionales, que ocasionan daños al medio ambiente y a las comunidades anfitrionas. Por tanto, no se trata simplemente de alentar la inversión interna en la creencia de que toda inversión es positiva. En particular, la promoción de asociaciones privadas/pública exige un elevado nivel de competencia y conocimientos especializados de parte de los gobiernos anfitriones, que deben estar en condiciones de efectuar el seguimiento de los impactos positivos y negativos de las empresas.
Las medidas para reforzar el sector privado deben ir acompañadas del establecimiento de marcos transparentes que exijan la rendición de cuentas. El apoyo constante a iniciativas específicas, como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI), es bienvenido pero no basta.
Recomendamos que:
--Los Gobiernos del G8 exijan a las empresas que publiquen información detallada sobre los impuestos y otros pagos a las legislaciones nacionales, por ejemplo mediante normas para la cotización en la bolsa de valores.
--Los Gobiernos del G8 den su apoyo para reformar las normas internacionales de contabilidad a fin de que las corporaciones trasnacionales informen país por país.
Cambio climático
Las negociaciones sobre un acuerdo climático mundial posterior a 2012 no han avanzado lo necesario para garantizar la consecución de un acuerdo adecuado y equitativo en Copenhague, en diciembre. Los países del G8 tienen una responsabilidad histórica con respecto al actual cambio climático, pero hasta ahora no han logrado comprometerse con los objetivos de mitigación que impedirán cambios climáticos peligrosos, o comprometerse concretamente a ofrecer a los países en vías de desarrollo el apoyo que necesitan para poder adaptarse a las repercusiones del cambio climático y seguir un camino de desarrollo sostenible.
Las Naciones Unidas siguen siendo el principal foro para la toma de decisiones intergubernamentales sobre el cambio climático. Sin embargo, el G8 representa una de esas raras ocasiones en que los líderes de los países más ricos se reunirán antes de Copenhague y debe lograr un acuerdo.
A estos efectos, los líderes del G8 deben comprometerse a:
--Reducir por lo menos en un 40% las emisiones de gas invernadero antes de finales de 2020, con respecto a los niveles de 1990.
--Cumplir con los compromisos financieros pendientes desde hace tiempo para la adopción de medidas urgentes: en 2001 se prometieron 2.000 millones de dólares USD.
--Proporcionar y asegurar una parte justa de fondos para destinar a la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo, incluida la investigación, el desarrollo y difusión de tecnologías adecuadas de mitigación y adaptación, además de los actuales compromisos de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Estimaciones conservadoras indican que se necesitarán 110.000 millones de dólares adicionales para financiar la mitigación y adaptación en los países en desarrollo para 2020.
--Atribuir a las negociaciones de Copenhague la mayor prioridad política y empeñarse en participar personalmente en ellas.
Seguridad alimentaria y respeto del derecho a los alimentos
La especulación en los mercados de productos agrícolas y el aumento de la competencia por la tierra debido a los incentivos de política para la producción de biocarburantes, y la disminución de los rendimientos debido a la variabilidad climática, fueron algunos de los factores a corto plazo que ocasionaron la fuerte subida repentina de los precios de los alimentos en 2008.
Sin embargo, el fracaso de políticas arraigadas, tales como las normas comerciales injustas, el inadecuado apoyo a la agricultura de los países en desarrollo, y la insistencia en modelos agrícolas insostenibles, habían creado un sistema vulnerable a los trastornos.
Los países del G8 son en gran parte responsables de la creación de este sistema, que promueve sus intereses nacionales a expensas de la seguridad alimentaria y del respeto, protección y cumplimiento del "derecho a los alimentos" en los países en desarrollo.
El G8 se ha comprometido a adoptar una amplia estrategia para hacer frente a la crisis alimentaria, incluido el establecimiento de una nueva asociación mundial sobre seguridad alimentaria. Para garantizar que crisis semejantes no vuelvan a producirse en el futuro, el G8 debe comprometerse a:
--Suspender las medidas de política que incentivan la producción de biocarburantes, lo que actualmente exacerba la pobreza y el cambio climático
--Adoptar el derecho a los alimentos como marco para las respuestas a las crisis alimentarias. Ello supone centrarse en las personas más vulnerables, más pobres y más marginadas, lo cual es sumamente importante en un contexto en que la seguridad alimentaria es una cuestión de acceso y distribución. El derecho a los alimentos también supone la participación de todos los interesados en el diseño de los programas que los afectan, así como la garantía de que las mujeres, que constituyen la mayoría de los pequeños productores, participen plenamente.
--Asegurarse de que la asociación mundial para la alimentación y la agricultura tenga el sólido mandato de remediar las deficiencias de las políticas mundiales relativas al hambre. La asociación debe reforzar a las Naciones Unidas; promover la participación plena de una variedad representativa de actores no estatales, tales como la sociedad civil y el sector privado; y ser dirigida por un grupo de expertos.
--Aumentar la ayuda a la agricultura, en consonancia con el derecho a los alimentos, con un interés especial por la pequeña agricultura sostenible y en apoyo de un enfoque multifuncional de la agricultura, tal como se indica en las recomendaciones del informe de la Evaluación internacional del conocimiento, la ciencia y la tecnología del desarrollo agrícola.
--Adoptar medidas para reducir la volatilidad de los mercados, incluido el apoyo a la creación de existencias, y la reglamentación de la especulación de los mercados de productos básicos.
--Preparar un bueno terreno para el comercio, incluido el establecimientos de normas comerciales que se basen en compromisos con los derechos humanos, que reconozcan el derecho de los países en vías de desarrollo tener un espacio de política en los acuerdos comerciales
--Fortalecer y simplificar las normas del comercio internacional para poner freno al dumping y eliminar las subvenciones de las exportaciones que producen distorsiones del comercio y permiten a las agroindustrias controlar los mercados mundiales.