CCXXX reunión de la Comisión Permanente
El Secretario General, Mons. D. José María Gil Tamayo, ha presentado un resumen de la reunión del 28 y 29 de enero. Entre los temas debatidos, la defensa de la vida y la educación.
Siempre a favor de la vida
Los obispos han reflexionado sobre el nuevo Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer embarazada. Con este motivo, y como siempre han hecho en cualquier coyuntura social y política, quieren recordar de nuevo el valor sagrado de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural.
La posición de la Iglesia católica sobre este asunto es bien conocida, y compartida con muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que desde otras confesiones religiosas y aun sin ser creyentes, defienden el derecho a la vida de todo ser humano inocente como patrimonio común de la razón humana. Recientemente el Papa Francisco recordaba esta posición, cuando delante de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, afirmó que “la paz se ve herida por cualquier negación de la dignidad humana” y mencionó entre otros “horrores” de la “cultura del descarte” el hecho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la luz, víctimas del aborto. También en su primera Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), el Papa señaló, de manera coherente con todo el mensaje cristiano, que “el aborto no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones“, porque “no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana” (n.213-214).
Los obispos saludan siempre las iniciativas a favor de la vida humana, vengan de donde vengan, especialmente aquellas dirigidas a proteger la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los seres humanos que van a nacer. Por eso, reconocen en el texto del Anteproyecto presentado por el actual Gobierno un avance positivo con respecto a la legislación vigente, que considera el aborto como un derecho.
En todo caso, recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta. Nadie tiene derecho, en ninguna circunstancia, a quitarle la vida a un ser humano inocente. El aborto no es la solución, de la misma manera que el niño que va a nacer no es el problema.
Por último, han querido aprovechar la ocasión para agradecer y potenciar la dedicación de muchas personas que, tanto en instituciones eclesiales como civiles, trabajan incansablemente, apoyando y acompañando a las personas en dificultades, y en particular a las madres gestantes.
Sin embargo, como también señala el Papa Francisco, es preciso caer en la cuenta de que todavía “hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?” (n. 214). A todos incumbe, según los obispos, responder adecuadamente a estas situaciones por el camino de la solidaridad y la vida y no por el de la muerte de un ser inocente.
Diálogo sobre la nueva Ley de Educación
Los obispos han dialogado también sobre la situación en la que queda la enseñanza religiosa en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conforme a las exigencias del Acuerdo internacional entre el Estado Español y la Santa Sede en esta materia, que desarrolla el artículo 27.3 de la Constitución.
Han valorado positivamente que se haya llevado a cabo la regulación de la religión católica en Educación Primaria y Educación Secundaria, y han mostrado al mismo tiempo su insatisfacción con respecto a la regulación en el Bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella.
Los obispos esperan que, para cumplir adecuadamente el mencionado Acuerdo, y para que los padres puedan ejercitar su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, se dé, en el decreto de enseñanzas mínimas, el mismo tratamiento a la religión católica en Educación Infantil y en el Bachillerato que el establecido en Educación Primaria y Educación Secundaria, así como que se garantice en todas las etapas el horario equivalente a las materias específicas.
