Observatorio de Bioética – Universidad Católica de Valencia
Valoración bioética del caso Noa Pothoven
A Noa Pothoven, una adolescente holandesa de 17 años se le dejó morir por inanición el pasado domingo. La joven sufría desde hace años estrés postraumático, anorexia y depresión tras haber sido sometida a abusos sexuales y violación desde los 11 a los 14 años.
Noa quería acabar con su vida porque ya no podía aguantar más su sufrimiento y solicitó la eutanasia. Los médicos se la negaron invitándola a que siguiera antes “un trayecto médico y de maduración personal”.La eutanasia es legal en Holanda desde 2002, y a partir de los 12 años pueden pedirla niños con enfermedades sin curación y padecimientos insufribles. Los menores necesitan el permiso de los padres, pero desde los 16 años deciden por su cuenta, siempre que tengan autorización y ayuda médica. En este caso, se le denegó por considerar que no reunía los requisitos exigidos por la ley.
La Asociación holandesa de Psiquiatría publicó en 2018 un protocolo para guiar a sus miembros cuando un paciente pide morir. “Como un desorden psíquico puede influir en la capacidad para discernir del paciente, es difícil saber si ese deseo es voluntario y meditado. Al menos dos expertos deben evaluar la situación, que es poco frecuente: de las 6.858 peticiones de eutanasia registradas en 2017, 83 tenían base psiquiátrica”, indica el código de conducta.
A pesar de lo publicado estos días en algunos medios nacionales e internacionales asegurando que a Noa se le había practicado la eutanasia, el ministro de Sanidad de los Países Bajos, Hugo de Jonge, ha afirmado que “no ha habido eutanasia en este caso”. Además, el ministro asegura que ha pedido a los inspectores del servicio sanitario y de juventud que investiguen las circunstancias del fallecimiento de la joven.
La familia de la chica ha afirmado mediante un comunicado publicado en el diario holandés “De Gelderlander”que «Noa eligió no comer ni beber más» y que «eso fue la causa de su muerte». Noa anunció recientemente en “un triste último mensaje” en Instagram que había dejado de comer y beber por un tiempo. Afirmó que ésta era una decisión bien considerada y definitiva”.
¿Se podía haber evitado la muerte de Noa?
Ahora el debate se centra en por qué fallaron todas las instancias que debían tratar el estrés post traumático, anorexia y depresión que padecía la joven. La opinión pública cuestiona por qué familiares y médicos han permitido morir a una adolescente de esta manera. Noa llevaba una sonda nasogástrica clínica debido a su negativa a comer. Para “acabar con sus sufrimientos”, decidió dejar de alimentarse. En ese caso, la muerte se considera natural.
En relación con este tema nos parece de interés referirnos a la opinión del psiquiatra, FG Miller publicado en la revista científica Journal Medical Ethics, quien pone en duda la integridad profesional de los facultativos que atienden a pacientes con diagnósticos de depresión resistentes al tratamiento para justificar la eutanasia. Éste es, en última instancia, el argumento que ha llevado en otras ocasiones a aplicar una inyección letal a jóvenes en similares circunstancias a las de Noa (ver AQUÍ). Miller afirma que a estos pacientes siempre se les pueden dar nuevas ayudas terapéuticas que puedan mejorar su calidad de vida y así que vuelvan a tener ganas de vivir. Por ello, concluye que no es apropiado incluir pacientes con “depresión resistente al tratamiento” como una opción legal para el suicidio asistido.
Amortizar un duro caso con fines políticos pro eutanasia
Resultaría insensible el no empatizar con el sufrimiento que desvela este relato. Nadie puede ignorar la dureza de una vida marcada por los abusos sexuales, la depresión y la anorexia. Este caso representa un universo de dolor frente al que muchos de nosotros no podemos hacer otra cosa que suspender todo juicio sobre la persona y su familia que la apoyó en su decisión de morir.
Pero con todo el respeto que merece esta situación, el problema comienza cuando se pretenden amortizar este tipo de episodios aislados de alto voltaje emocional y gran difusión mediática para fines políticos que, estratégicamente, buscan concienciar y educar a la sociedad. (ver vídeo).
Permitir que en una sociedad uno de sus miembros provoque su muerte, supone un debilitamiento progresivo del carácter inviolable de la vida humana y de los derechos que la protegen. Si en “algunos casos” se pudiera disponer de la vida propia o ajena, se estaría afirmando que la vida humana puede ser devaluada y perder la incondicionalidad de su respeto. Social y legalmente se operaría un cambio de paradigma ya que, bajo determinadas situaciones de sufrimiento, se aceptaría que la vida pueda ser violada, y su violabilidad constituir un derecho. Pero ninguna vida es indigna y por tanto violable por el sufrimiento que padezca. La vida humanasiempre constituirá un bien, aunque esté enferma. Lo que representa un mal es el sufrimiento resultante que habrá que dotarlo de sentido, reducirlo al máximo, eliminarlo, apoyando al que sufre y a los que les acompañan para evitar llegar a la triste situación de pensar que ya no merece la pena seguir viviendo adoptando la peor de las decisiones.
Aturdidos por esta tragedia, sostenemos que no pueden existir variantes benignas de la eutanasia y del suicidio asistido. Y por más que entendamos su sufrimiento, la valoración ética de este tipo de acciones no puede quedar diluida bajo una pátina de bondad, compasión y amor. Por muy duro que parezca, la lástima que provoca una situación de sufrimiento nunca puede justificar quitarse intencionalmente la vida. Por qué si así fuera ¿dónde fijaríamos el límite del sufrimiento a partir del cual se aceptaría la petición de eutanasia o de suicidio? ¿Bastaría con que alguien manifestara que ya no quiere seguir viviendo porque su vida carece de sentido? ¿Por qué en unos casos si se admitiría y en otros no? Al final, tarde o temprano, no habría más remedio que abrir la puerta a un sinfín de situaciones que reclamarían la muerte, por ejemplo, al sufrir por la pérdida de un ser querido, por la amputación de un brazo o de un seno, por un desengaño amoroso, por bullyng, por perdida de movilidad, cáncer, alzheimer, discapacidad y retraso mental progresivo, etc.
Por otra parte, legislar sobre casos extremos muy minoritarios y dramáticos resulta un modo inadecuado de legislar ya que, al hacerlo bajo esa trágica y excepcional petición de muerte, acabaría convirtiéndose tal excepción en norma, extendiéndose la falsedad de que lo normal sería solicitar la eutanasia ante un diagnóstico de enfermedad incurable o de sufrimiento psíquico. De hecho, por el carácter pedagógico de las leyes, amplios sectores sociales y los propios facultativos acabarían pensando – como así ha sucedido en Holanda y Bélgica- que la eutanasia es la única alternativa ofertable a los enfermos llegados a esa fase irreversible de la enfermedad. Es decir, que el acostumbramiento social y el activismo pro-eutanásico terminarían por convencer a los profesionales médicos y a los familiares que terminar con la vida de un enfermo por la pena que les provoca o por petición de éste, representaría una alternativa ética. Ante opciones personales aisladas de eutanasia y suicidio, por respetables y dolorosas que sean, el Estado no debería universalizarlas en un pretendido derecho que obligue o presione a unos – médicos y familiares- a causar la muerte directa de otros.
Cuidados paliativos, respuesta a la fragilidad y al sufrimiento
Por el contrario, lo que el Estado sí debería atender y legislar es para una mayoría de ciudadanos enfermos y sus familiares que están reclamando a voces unos cuidados paliativos de calidad, los cuales, una vez ofrecidos, neutralizarían las escasas peticiones de eutanasia que se dan. Aquí sí que existe un deber del Estado de universalizar el derecho y el acceso a estos cuidados, invirtiendo tanto como sea necesario para hacerlos realidad. Y estos esfuerzos solo se pueden alcanzar a través del compromiso de los gobernantes y la colaboración de sociedades compasivas y solidarias con los más vulnerables, que pongan en marcha equipos multidisciplinares de profesionales médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes espirituales. Actualmente, en todos los casos de sufrimiento causado por dolores físicos y/o mentales, la medicina paliativa ya ha demostrado su eficacia para neutralizarlos o al menos disminuirlos. Y la sedación paliativa, cuando está indicada medicamente, puede controlar los síntomas refractarios intratables que muchas veces constituyen la causa de sufrimientos intensos.
Existen otras respuestas a la fragilidad y al sufrimiento humano al final de la vida o ante una enfermedad incurable, que son más acordes con lo que la dignidad de los enfermos y sus familias merecen, más acordes con nuestra propia auto-representación como sociedad progresista y comprometida con sus miembros más débiles. Todas ellas empiezan por una necesaria inversión pública en cuidados paliativos.
