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La educación no debe ser moneda de cambio en las negociaciones para formar un nuevo Gobierno. La sociedad debe exigir que se respeten los derechos de las familias y de los centros concertados
Si el año pasado lo despedíamos con unos resultados electorales abiertos a múltiples lecturas e interpretaciones, hemos empezado el nuevo con la incertidumbre acerca de cómo va a quedar configurado el nuevo Gobierno de nuestro país. Y, como consecuencia, persisten de momento las dudas sobre los derroteros que puede ir tomando la política educativa en los próximos tiempos.
Si el año pasado lo despedíamos con unos resultados electorales abiertos a múltiples lecturas e interpretaciones, hemos empezado el nuevo con la incertidumbre acerca de cómo va a quedar configurado el nuevo Gobierno de nuestro país. Y, como consecuencia, persisten de momento las dudas sobre los derroteros que puede ir tomando la política educativa en los próximos tiempos.
Quienes nos movemos en el ámbito de la educación seguimos con interés, y ciertas dosis de preocupación, el desarrollo de las negociaciones −difíciles, al parecer, y no exentas de algunos giros efectistas y posturas personalistas− entre los diferentes partidos políticos. Pero no se trata solo de permanecer a la espera de los acontecimientos. Queremos reiterar ante la sociedad española, con argumentos sólidos, que la libertad de enseñanza efectiva es un valor para el conjunto de la sociedad, al posibilitar la existencia de escuelas dotadas de un proyecto educativo propio, plurales y diversas, y que los centros concertados aportan libertad, equidad y calidad a la educación.
Nos gustaría pensar que, al final, la educación no va a constituir una fácil moneda de cambio que acabe en manos de quienes no representan el sentir de la mayoría del pueblo español sobre un asunto tan fundamental para la salud democrática de un país. También esperamos que se respeten escrupulosamente los presupuestos de consenso y entendimiento plasmados en el artículo 27 de nuestra Constitución.
No hay que olvidar que la escuela concertada es demandada por alrededor de dos millones de familias y representa más de una cuarta parte del total de alumnos escolarizados. Por eso pedimos que los partidos políticos tengan en cuenta este modelo educativo, que contribuye a que los padres tengan mayores opciones para la educación que quieren dar a sus hijos.
Como principales agentes de la enseñanza concertada queremos presentar, a modo de decálogo, una serie de propuestas concretas ante quienes se postulen para la Presidencia del Gobierno:
1. Defensa del derecho de todos a la educación, junto con la libertad de enseñanza y de elección de las familias, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada-concertada.
2. Promoción de un pacto nacional −social y político− que asegure la estabilidad en el ámbito educativo, alejando la educación de los continuos cambios debidos a los vaivenes políticos.
3. Determinación del coste real del puesto escolar en toda España y elevación de los módulos económicos del concierto hasta llegar a su completa financiación en un plazo de tiempo razonable.
4. Seguridad de concierto educativo para los colegios en los que haya una demanda por parte de los padres y cumplan con las condiciones exigidas por la ley.
5. Renovación automática de los conciertos cada seis años, si no se han dejado de cumplir las condiciones que dieron lugar a su suscripción.
6. Garantía para los padres de poder elegir libremente y de manera efectiva la propuesta educativa más acorde con sus propias convicciones.
7. Analogía retributiva del profesorado de la escuela concertada en relación al de la red pública, y refuerzo del prestigio de la figura del docente en todo el sector.
8. Flexibilización de los criterios prioritarios de admisión de alumnos, de modo que tengan en cuenta, fundamentalmente, la existencia de hermanos en el centro, la sintonía de los padres con el proyecto educativo del mismo y su situación socioeconómica.
9. Incremento de las becas y ayudas para comedor, libros y transporte escolar a las familias que lo necesiten, con independencia del tipo de centros en los que estén escolarizados los alumnos; impulso de las prácticas sociales en la vida diaria de las escuelas como modo de concienciar a todos en la responsabilidad social y cívica.
10. Financiación pública para todas las etapas: de 0 a 3 años, Bachillerato y Formación Profesional, evitando el cambio de proyecto educativo a mitad de la edad escolar.
La campaña de la Plataforma Concertados, a través de nuestra web, pretende ser un punto de encuentro y diálogo del ciudadano con la realidad de la educación concertada. En ella, se puede contrastar la información acerca de este modelo de educación y se pueden encontrar datos sobre su evolución histórica, vídeos explicativos, cifras, publicaciones de interés, etc. Porque todos nos jugamos mucho.
Plataforma Concertados
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas
Alfonso Aguiló, presidente de CECE
Luis Carbonel, presidente de CONCAPA
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA
Alfonso Aguiló, presidente de CECE
Luis Carbonel, presidente de CONCAPA
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA