Mons.
Sobre la nueva carta magna de la Ciudad de México
VER
El 5 de febrero se
cumplieron cien años de que fue aprobada la actual Constitución Política
de nuestro país, en 1917, con sus 136 artículos. Sin embargo, se le han
hecho tantas modificaciones, que sólo 22 de sus artículos originales se
conservan intactos. Según expertos, con las 695 reformas que ha
recibido, sólo queda el 1.7 por ciento del texto original. Esto plantea
la discusión si es necesaria la redacción de un nuevo texto. Con todo,
lo más importante no es tanto una ley escrita, sino su observancia en
todo aquello que sea justo y legítimo, así como la lucha por cambiar lo
que no corresponda a unos derechos humanos que no fueran del todo
reconocidos. Las leyes humanas dependen mucho de quienes las elaboran y,
por tanto, están sujetas a revisión y a cambios.
En la primera
redacción de ese cuerpo legislativo, hubo el anhelo de dar a nuestra
patria un marco más estable y orgánico. Se defendieron más los derechos
de los trabajadores. Se promovía la distribución y la posesión
comunitaria de la tierra. Sin embargo, se marcaban las pautas para una
educación controlada por el Estado. Se desconoció, jurídicamente, la
existencia de la Iglesia, como una forma de quitarle el poder político y
económico que, por razones históricas comprensibles de aquel tiempo,
había tenido en el pasado. Como no había gobiernos estables, la Iglesia
suplió al Estado en todos los servicios que éste no proporcionaba, como
escuelas, hospitales, panteones, registro civil, etc. En la Constitución
de 1917, se violó el derecho a la libertad religiosa; por ello, cuando
se quiso poner en práctica en su radicalidad, se levantaron muchos
católicos en lo que se llamó la persecución religiosa y la guerra
“cristera”. Fue hasta 1992 que esos artículos cambiaron, para reconocer
algunos derechos de las diversas iglesias a una mayor libertad, que,
hasta la fecha, no es la suficiente para cumplir nuestra identidad y
misión. Pero a nuestros legisladores actuales no les interesa en lo más
mínimo mejorar esas leyes, aunque se declaren creyentes, pues son otras
sus miras y sus inquietudes.
Recientemente,
se ha aprobado otra Constitución, la de la Ciudad de México, dizque
para poner a esta capital en la avanzada no sólo del país, sino del
mundo. Habría que conocer quiénes fueron sus redactores, para apreciar
ciertamente sus avances, pero también para lamentar sus ideologías
contra la vida humana y contra la familia. Si fueron elegidos en su
mayoría mañosamente los de una tendencia, nada extraño que sus leyes
reflejen no los anhelos de los ciudadanos, sino una línea ideológica. Ya
se aprobó sin consulta ni aprobación por los habitantes de la capital.
¿Eso es democracia?
PENSAR
El Papa Francisco, en La alegría del Evangelio, proclama “la
libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Incluye la
libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar
públicamente la propia creencia. Un sano pluralismo, que de verdad
respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una
privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al
silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la
marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas.
Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de
autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no
creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las
convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las
tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento
que la tolerancia y la paz” (255). “A la
hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay que
distinguir diversas formas de vivirla. Tanto los intelectuales como las
notas periodísticas frecuentemente caen en groseras y poco académicas
generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones y
muchas veces no son capaces de distinguir que no todos los creyentes –ni
todas las autoridades religiosas– son iguales. Algunos políticos
aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias” (256).
ACTUAR
Conozcamos nuestra
Constitución; valoremos tantas cosas buenas que tiene; pero también
seamos críticos en sus limitaciones. Vayamos pensando en qué diputados y
autoridades federales elegiremos en próximos comicios, para que
impulsen los cambios que nosotros consideremos necesarios.
